"El pueblo de Cataluña tiene, por razones de
legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".
Declaración de
soberanía y el derecho a decidir del pueblo deCataluña del Parlamento de Catalunya (23/01/2013)
Nota: Artículo firmado junto a Josep Ferrer i Francesc Matas y publicado el 7 de septiembre en la revista "Sin Permiso" (www.sinpermiso.info)
Donde sea de la piel de toro, en las conversaciones de café o en
la prensa, en las entrevistas y declaraciones de dirigentes políticos y de los gobiernos,
aparece la consulta soberanista catalana como algo central y controvertido, dotado de una gran
presión emocional. La Diada Nacional de Cataluña de este año es crucial para el
Reino de España y para Cataluña.
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| Imagen recreada de la "V" |
El mayor o menor éxito en la masividad del jueves 11 de
septiembre será un hecho decisivo tanto para quienes están a favor o en contra de la consulta del
9 de noviembre. La ciudadanía en Cataluña es la clave. El pueblo movilizado es
el factor decisivo para efectuar la presión necesaria, con la legitimidad emanada del anhelo y
voluntad popular, que encamine a partidos, Parlament, gobierno y presidente de la Generalitat a
convocar y organizar la consulta sobre la voluntad democrática de proclamar un nuevo
Estado, sobre si este Estado catalán ha de ser independiente o no.
Desde el bloqueo de la reforma del Estatut de Catalunya por el
Tribunal Constitucional, la respuesta de la ciudadanía catalana, movilizadada pacíficamente,
ha resultado elocuente, como puso de manifiesto el 11 de septiembre de 2010 ("Somos
una nación", "Nosotros decidimos"). Desde 2012 Cataluña evoluciona rápidamente
hacia la izquierda soberanista 2. Y este desplazamiento no favorece precisamente a CiU.
El imaginario popular, la opinión pública o la consciencia
colectiva, es un fenómeno a estudiar detenidamente. Las mil y una causas y reivindicaciones contra
los recortes de la austeridad gubernamental y patronal se incorporan en la movilización en
curso y a lo que se denomina el proceso de
la consulta. Es un giro hacia la izquierda en el que se incluye la defensa de
la radicalidad democrática, expresado en propuestas de procesos
constituyentes de la ciudadanía, la sociedad y sus instituciones.
El proceso prefigura una situación de pre-ruptura democrática,
en la que la Diada del 11 de septiembre y la consulta del 9 de noviembre son jalones
decisivos que determinarán el futuro inmediato y a largo plazo en el Reino de España y en Cataluña.
Incluido los escenarios electoral autonómico, municipal y general. Ningún partido, sea
español o catalán, saldrá indemne de la consulta y su resultado, ninguno saldrá indemne
tampoco si ésta no se celebra por la prohibición del Estado y el acatamiento del gobierno
catalán. Todo se mueve: lo decisivo es en que
dirección.
Consultar y votar es una cuestión de democracia
En Europa, Escocia puede votar sobre su independencia del Reino
Unido, en un proceso acordado entre ambos gobiernos y convocado por el primer
ministro conservador David Cameron. Habrá referéndum legal el 18 de septiembre y la
población decidirá. El Reino Unido contempla y ejerce el derecho a la autodeterminación de los
pueblos y naciones.
En Europa, Cataluña no puede votar sobre su independencia del
Reino de España según el gobierno PP y el Tribunal Constitucional. La Constitución de
1978 cierra la vía a un referéndum legal español circunscrito a la Autonomía catalana sobre lo que
quiere ser Cataluña y si su población quiere mantenerse unida o separarse del Reino de
España.
Para el gobierno del Estado, para el PP y el PSOE, así como UPyD
y Ciutadans, los nacionalismos periféricos son nocivos. Para el gobierno y el
Tribunal Constitucional la consulta o referéndum es pura y llanamente ilegal. Hacer la consulta no
es democrático, al no ser legal por ir contra el orden jurídico constitucional.
En SinPermiso, Hilary Wainwright3 citaba a Cat Boyd en una reciente
reunión en la Cámara de los Comunes:
"La independencia de Escocia no es una cuestión de fronteras o banderas,
sino de la vida de las personas y como cambiar a
mejor.”
La "V" de la Vía catalana 2014 se convoca con el lema
"Ara és l’hora” (Ahora es el momento). En el llamamiento se hace referencia a que hay que convocar la
consulta y poder votar. La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme
Forcadell, y la de Òmnium Cultural, Múriel Casals, entidades convocantes de la
"V" de este 11 de septiembre, añaden que se ha de Votar y Vencer. El acento se ha situado en poder votar
democráticamente y en que condiciones, más que en el contenido concreto del voto. Votar en
esta consulta es una cuestión democrática. Hacer la consulta se convierte en la prueba
definitoria de la democracia española y de la catalana.
En el caso de que la legalidad constitucional de 1978 del Reino
de España, gestionada por unas instituciones en manos de la derecha conservadora, impida
la expresión democrática catalana, se hará necesario partir de la legitimidad popular
ciudadana para construir una nueva legalidad y
un nuevo marco constitucional.
Crisis del estado monárquico de las Autonomías
El Estado surgido de la segunda restauración borbónica está en
una crisis profunda, que abre boquetes por todas bandas. El gobierno del PP se parapeta en una
mayoría absoluta parlamentaria que sabe que tiene fecha de caducidad.
La erosión del sistema bipartidista, la contraproducente
política económica y social -ineficaz respecto a la crisis económica y terriblemente injusta para la
mayoría de la población-, el desprestigio de la Corona -mal resuelto con una abdicación
exprés y un heredero sin respaldo popular-, la recentralización y la crisis fiscal de las
autonomías, preceden el envite mayor de la consulta catalana.
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| Aznar firmando contra el Estatut de 2006 |
Quizás explotar el “efecto catalán” acalle por un tiempo las
necesidades populares y trabajadoras españolas. Quizás se logre un cierre de filas ante
la “amenaza” de que se rompe España, concebida como un sólo país y nación, y permita esconder
-como pasa con la corrupción- que este Reino de España y esta Constitución
afectan ya de manera muy negativa a toda la población, la española y la catalana.
Las reivindicaciones de los sindicatos y de las de la Marea de
la dignidad ("Pan, Trabajo, Techo") requieren unas libertades democráticas, unas
representaciones políticas, y unas instituciones con contenidos sociales, por lo tanto de
izquierdas, que les llevarán a buscar alianzas sociales y entre los pueblos para liberarse juntos y
todos de este Estado. Cataluña es por ahora el eslabón débil del gobierno del Reino de
España.
El enfoque de Cospedal o Montoro, refiriendo a la violencia que
implicaría una ruptura de la unidad de la nación española suenan a lenguaje cuartelero o
tabernario, pero no democrático. ¿La consulta y votar serían un acto violento? ¿O lo sería un
doble Sí/Sí al Estado catalán y a la independencia?
La secretaria general del PP y presidenta
autonómica de Castilla-La Mancha se lució en Badalona con su propuesta de una gran coalición
contra el soberanismo catalán que incluiría al PP, PSC, UDC, C's y UPyD. Pero los previstos
interlocutores desdeñaron esta posibilidad que les ponía la soga al cuello.
Pedro Sánchez, nuevo secretario general del PSOE, ha presentado
al presidente Artur Mas en Barcelona la propuesta de su antecesor Alfredo Rubalcaba de un
Estado federal, sin mencionar si implica mantener la Monarquía o avanzar hacia una República.
Hemos de hacer el ejercicio de suponer que previamente tendría que ganar las elecciones con
una mayoría suficiente cualificada para abordar los cambios que ofrece. Tras la reforma
constitucional, una consulta legal, de la que seguiría excluida de antemano toda posibilidad
sobre la constitución de un estado catalán o su separación. Mientras tanto, Cataluña tiene
que suspender su consulta y abandonar “delirios de libertad e independencia”.
No es de extrañar que, ante estas andanadas, las perspectivas
unionistas, directamente centralistas e involucionistas del PP, con amenazas incluso de
suspender la Autonomía, o las federalistas del PSOE, no conciten fervor, no contribuyan a
resolver la crisis estatal, y tampoco consigan frenar el descalabro de sus partidos en Cataluña.
El movimiento revolucionario municipalista en 1931 abrió las
puertas a la Segunda República española, poniendo fín a la primera restauración borbónica. Por
eso vuelven a ser de actualidad las concepciones y propuestas por las que lucharon
Joaquín Maurín y Andreu Nin. Su puesta al día abre perspectivas para una República Catalana y
una Confederación de Repúblicas Ibéricas.
Pujol hunde política y moralmente al pujolismo y al
autonomismo
A menudo sectores de las izquierdas contrarias al derecho a
decidir, que son incapaces de entender (o mejor dicho, no quieren entender) que el derecho a
la autodeterminación es un derecho democrático, han empleado como argumento la hegemonía de
la burguesía catalana en el proceso soberanista.
Pese a que cotidianamente los diarios
nos muestren como la gran burguesía catalana es abiertamente contraria al proceso (Fainé,
Lara, Freixenet, Oliu, Rosell, Carceller, etc.) insisten en acusar a las izquierdas que
defienden la consulta (ya no digamos si defienden el Sí/Sí, tanto el abiertamente independentista, como
el que se presenta como herramienta para avanzar en los procesos de ruptura del Reino de
España) de someterse a la burguesía catalana y, por tanto, de dar cobertura a las
políticas neoliberales de recortes sociales. Asimilan el papel de ICV-EUiA y la CUP al de ERC, pese
a que han animado, participado y estado en primera línea de todas las
movilizaciones sociales de denuncia del gobierno de CiU.
Señalan un problema real y sustancial: ¿quién tiene la hegemonía
social, política, ética?. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, las
izquierdas -que acababan una etapa agotadas y divididas por el gobierno tripartito y el
fracaso del Estatuto-, estaban muy lejos de poder ejercer ninguna hegemonía. CiU tenía y tiene el
gobierno... pero los cambios profundos que está viviendo la sociedad catalana (también la
española) son de un alcance muy profundo e
incontrolables por los aparatos de los partidos.
En este sentido, la confesión de Jordi Pujol se ha convertido en
la confesión del fraude político, social, ético del “pujolismo", la ideología dominante desde
los años 80 en Cataluña. El caso del clan Pujol, la confesión de fraude durante 34 años
para acumular una fortuna (secreta, como la del Rey, como la de tantos empresarios del
régimen…), independientemente de las razones de la misma y de la utilización por parte del
Estado de una información que había mantenido oculta durante decenas de años, ha puesto en el
centro del proceso soberanista la naturaleza de las élites que han gobernado
Cataluña. Como las élites catalanas han utilizado los mecanismos de corrupción, clientelismo e impunidad igual que el resto del
Estado. Como el fraude fiscal en Cataluña -superior a los 15.000 millones de euros- es
uno de los causantes de los recortes sociales y las medidas de austeridad. Como a la
corrupción se ha sumado la impunidad política y judicial.
Millet y el caso Palau han vuelto a salir a escena, al igual que
la sede embargada de CDC, como un ejemplo más de la compra de voluntades y del entramado
de empresas de la construcción, sanidad, medio ambiente... a las que la
adjudicación de concursos públicos servía para financiar a CDC o UDC y al mismo tiempo enriquecer a
las familias que vivían en el poder. La primera respuesta de Mas, diciendo que "era un
asunto personal de la familia Pujol”, abrió los ojos y los oídos a tanta gente que no quería o hacía
esfuerzos por no creer que fuera posible esta "doble moral" con la que Jordi Pujol ha
liderado durante tanto años Cataluña.
CiU, que ya había perdido la hegemonía social del proceso que se
vive en Cataluña, intentó antes de la primera gran manifestación del 11 de septiembre de
2012 que la reivindicación fuera el "pacto fiscal" con el gobierno de Rajoy y no “Cataluña, Nuevo Estado de Europa, Independencia".
La manifestación certificó que el
catalanismo viraba del autonomismo y del “peix al cove” tantas veces repetido por Pujol -y que en
castellano se traduciría por "más vale pájaro en mano, que ciento volando”- hacia el ejercicio del
derecho a decidir: CiU tuvo que enterrar sin solemnidad el "pacto fiscal". Este
cambio, surgido del empuje popular, implicó una gran mayoría social que todavía perdura y que, ha medida que avanza, cada vez confia menos en CiU.
Fue el inicio de su pérdida de la hegemonía política. Artur Mas
convocó elecciones adelantadas con el convencimiento de que lograría una mayoría absoluta que
le permitiría controlar el proceso. El resultado fue catastrófico para CiU. Perdió 12
diputados y el punto de gravedad de los partidos favorables al derecho a decidir giró hacia la
izquierda. Las últimas elecciones europeas mostraron esta pérdida, cada vez más acusada, de
hegemonía política. Las últimas encuestas, después del caso Pujol, señalan un gran retroceso de
CiU, por debajo del 20% de la intención de voto.
La confesión de Jordi Pujol diluye la hegemonía ética o moral
que CiU todavía pudiera tener y deja en manos de las izquierdas, especialmente de aquellas que
entienden que hay que transformar socialmente la realidad de Cataluña, una
oportunidad, única de construir y ganar la hegemonía del proceso que vive Cataluña por el ejercicio de su
derecho a la autodeterminación. Esa oportunidad pasa por ganar la hegemonía
social, política y moral y por lo tanto construir una verdadera alternativa de poder desde las
izquierdas.
ERC es quien va tomando el testigo de la bandera catalana. Pero
no lo puede hacer sola, ni emular lo que ha sido CiU. El independentismo de ERC, para
enterrar el autonomismo, necesita la alianza con la izquierda de base trabajadora,
incluyendo desgajar de CiU el apoyo de una parte de la clase trabajadora catalana.
La Consulta, con la movilización para una respuesta ciudadana
Sí/Sí, necesita la confluencia del creciente sector independentista de la población catalana
con la componente trabajadora y sindicalista que ha asumido y defiende la independencia como un
elemento práctico para romper con el estado de la Monarquía y encaminarse a un proceso
constituyente democrático republicano.
Ruptura democrática o involución unionista
centralista
En este 11 de septiembre el desafío es que la movilización sea
tan importante que se convierta en una señal indeleble y firme que la Generalitat y el
presidente Artur Mas no tengan otra opción que
desacatar la suspensión de la consulta por
parte del tribunal Constitucional. ¿Se atreverá a la desobediencia institucional el presidente
catalán? ¿Podrá ser declarado en rebeldía y acusado de prevaricación? El presidente Mas se verá pronto en la tesitura de escoger entre
la legalidad constitucional española o apoyarse en la legitimidad ciudadana para acogerse a
una legalidad catalana,constituyente de soberanía.
El escenario alternativo, convocar unas elecciones anticipadas
en vez de la consulta, puede aún ser más convulsivo para CiU que llevar a cabo su compromiso
político. Una lista conjunta entre CiU y ERC es ahora mismo una quimera, no sólo por las
consecuencias del caso Pujol, sino por razones políticas, pues ERC exige incorporar el
compromiso de una Declaración unilateral de independencia que difícilmente pueden aceptar
aquellos que no se atreven a llevar a cabo la consulta. Por otra parte, tal lista conjunta
supondría la ruptura entre Mas y Duran, de la coalición CiU, y de los respectivos partidos, que
sólo beneficiaria a ERC.
Para muestra, un botón: en el seno del gobierno se han alzado
voces, procedentes de miembros de UDC -la vicepresidenta Joana Ortega- y de CDC -Santi
Vila-, que abogan por el aplazamiento de la consulta hasta que haya las condiciones
legales. El presidente Mas, a instancias de Oriol Junqueras de ERC, ha tenido que matizarlas,
sin desautorizarlas. Y el nuevo coordinador general de CDC, Josep Rull, ha asegurado que
pondrán las urnas para votar en la consulta… pero da su apoyo a Santi Vila.
Oriol Junqueras ha señalado su disposición a un gobierno de
concentración con el único objetivo político de realizar la consulta. Miquel Iceta ha
ofrecido al PSC para entrar en un gobierno que aplace la consulta hasta que pueda ser legal
mediante una negociación con el Estado central.
En la medida que la fecha de la consulta se acerca y la presión
aumenta, será más difícil que puedan convivir en el seno del gobierno que la tiene que llevar
a cabo consejeros que, en vez de poner los cinco sentidos en asegurar la realización del voto
de la ciudadanía, se dediquen a introducir confusión o aboguen por escenarios distintos a la
orientación adoptada por el Parlament para la convocatoria de la consulta.
La danza de posibilidades y escenarios va a ser frenética. El
proceso catalán va a experimentar todas las tentaciones que se desplegaron en la transición de la
segunda restauración borbónica.
La posibilidad de una gran frustración, de consecuencias
impredecibles, planea sobre los estados mayores partidarios en el caso de que no se responda
adecuadamente a la suspensión de la consulta.
El Sí/Sí es la base del impulso a la consulta
La opción democrática de la población y la izquierda española es
defender el derecho al referéndum en Cataluña, como se hará en el caso de Escocia.
Junto a este derecho, la voluntad política de respetar el resultado de la decisión
popular. Esta está siendo la política adoptada por el grupo parlamentario de la izquierda Plural en el
Congreso.
Esta posición democrática no implica el acuerdo explícito en los
contenidos de la consulta, ni en las decisiones que resulten mayoritarias.
Pero es de suma importancia que la izquierda española deje de considerar
este Estado monárquico como legítimo. Una ruptura democrática en Cataluña
con este Reino de España abriría un sinfín de posibilidades inéditas para el desarrollo
de procesos constituyentes sociales y republicanos en el estado español. La perspectiva de una
ruptura democrática hacia una Tercera República se haría posible
Por eso, a toda la izquierda le interesa que el 11 de septiembre
en Cataluña sea un éxito y una nueva baza para que se realice la consulta catalana. En este sentido hay que tener en cuenta que la opción política
que mejor defiende las aspiraciones catalanas de autogobierno, y los intereses sociales
y económicos de las clases populares se
expresa en el Sí/Sí a las preguntas de la consulta.
Será a partir del 11 de septiembre, al fragor de cómo llevar a
cabo la consulta a pesar de todos los obstáculos legales y políticos estatales, cuando se
desplegará el debate sobre la necesidad para la izquierda de abanderar un Sí/Sí que permita y asegure la
ruptura política, de forma unitaria y democrática.
La Memòria histórica es útil para la izquierda. La concepción de
Salvador Seguí, dirigente histórico de la CNT, nos es especialmente grata y viene como anillo al dedo:
“En Cataluña, los elementos reaccionarios del
catalanismo, a menudo levantan la bandera de las reivindicaciones catalanas, en un sentido
nacionalista. (...) En cambio, nosotros, los trabajadores, como sea que con una Cataluña independiente no perderíamos nada, más bien el contrario, ganaríamos mucho, la independencia de
nuestra tierra no nos da miedo.
Una Cataluña, liberada del Estado español os
aseguro, amigos madrileños, que sería una Cataluña amiga de todos los pueblos de la Península
Hispánica y sospecho que quienes ahora pretenden presentarse como los adalides del
catalanismo, temen una entente fraternal y duradera con las otras nacionalidades peninsulares.”
Salvador Seguí "El Noi del sucre". Octubre de 1919
en el Ateneo de Madrid. *4
Notas:
David Companyon, es diputado por ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya. Miembro
del Consell Nacional de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y del Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Francec Matas Salla es consejero de acción política de EUiA. Josep Ferrer Llop fue Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
negativa de les institucions espanyoles (amb el suport de les oligarquies espanyola i catalana) a adequar la legalitat a la reivindicació d’autodeterminació. Negativa que prové, sobretot, de les potencialitats emancipadores que el procés sobiranista de Catalunya conté en si mateix.
per la majoria i al servei de la majoria, acabant amb el règim d’una minoria adinerada i corrupta que només vetlla pels seus interessos. Podem construir un país que garanteixi uns sistemes educatiu i sanitari públics i de qualitat, el dret a l’habitatge, a les pensions públiques i a un lloc de treball digne. Un país que protegeixi el territori i promogui la cultura i on no tinguin cabuda les discriminacions per qüestions de gènere, d’orientació sexual, d’origen o de qualsevol altra mena.
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