Aquest article ha estat publicat en anglès al Butlletí de
Transform! Europe (www.transform-network.net),
una organització que agrupa diferents fundacions i associacions de l’esquerra
alternativa europea, amb la intenció de donar algunes claus a una pregunta
recurrent a molts països: Què està passant a Catalunya?. La voluntat de
l’autor, doncs, no es aprofundir en el debat o l’anàlisi des d’una visió
catalana o espanyola, sinó per un públic preocupat sobre com resoldre
democràticament el dret del pobles a l’autodeterminació, especialment
dins la Unió Europea.
Las imágenes de la policía española cargando con una dureza
brutal contra votantes en el referéndum del 1 de octubre en Catalunya
recorrieron las redes sociales y TV de todo el mundo, ante ellas mucha gente se
preguntó: ¿Qué está sucediendo en Catalunya?
Hay diversas formas de responder. Tal vez la más ajustada
sea que hay un conflicto democrático entre una comunidad autónoma (Catalunya) y
el Estado Español. Una mayoría de la población (cercana al 80%) quiere ejercer
el “derecho a decidir” (derecho a la autodeterminación) mediante un referéndum.
El Estado español, se niega a cualquier negociación al respecto, al contrario
de lo sucedido entre Gran Bretaña y Escocia (o entre Canadá y Quebec). Para el
nacionalismo español, la aspiración de esa mayoría de la ciudadanía de
Catalunya está simplemente fuera de la Constitución. Naturalmente, esa mayoría
social a favor del referéndum lo es a favor de resolver el conflicto mediante
el voto y no condiciona el resultado del mismo, como se comprobó en Escocia.
Catalunya es una nación con más de mil años de historia, con
instituciones centenarias y una cultura y lengua propia que, sobretodo, siente
que es tratada injustamente y nada respetada por el Estado. El actual conflicto
surge cuando el gobierno de izquierdas en 2003 planteó la necesidad de un nuevo
Estatuto de Autonomía. El Parlamento catalán y las Cortes españolas llegaron a
un acuerdo y se sometió a referéndum en 2006.
Una mayoría lo aprobó, pero no entró en vigor. El Partido
Popular -entonces en la oposición- inició una campaña contra el Estatuto
catalán por toda España y puso un recurso ante el Tribunal Constitucional. La
“catalanofobia” se convirtió en el centro de todas las batallas. La sentencia
del Constitucional llegó en 2010 y suspendió buena parte del Estatuto.
Catalunya se convertía en la única comunidad que tiene un Estatuto que no ha
estado refrendado por su ciudadanía. Expertos juristas calificaron la sentencia
de “golpe de estado” al romper el pacto territorial con el que forjó la
Constitución de 1978 tras la dictadura y lo hacía con una sentencia,
básicamente política, contra la soberanía popular ya expresada en el referéndum
de 2006.
La reacción popular contra la sentencia ha sido masiva y
durante siete años consecutivos multitud de manifestaciones, de centenares de
miles de personas, han expresado que el modelo territorial de 1978 estaba
agotado. La negativa del gobierno de Rajoy a abrir un diálogo ha
comportando un enquistamiento de la situación: en Catalunya un aumento de las
posiciones independentistas y en España una recentralización del Estado que
siempre ha sido la posición del PP, con el apoyo de Ciudadanos (C’s), ambos
partidos situados en la derecha liberal que tiene en común un nacionalismo
español y una parte de los dirigentes del PSOE que coinciden además en
conformar un Estado más autoritario y en las políticas económicas que,
siguiendo la estela de los dictados del BCE y la Troika, han aumentado
exponencialmente la pobreza y la precariedad en una sociedad muy castigada
por el paro, muy superior a la media europea.
Crisis económica, social, territorial
Estos son los componentes del cóctel sin el
cual no es posible entender la política catalana, que se inscribe en una crisis
estructural del régimen del 78. Frente al “niet” constante de Rajoy, el movimiento
independentista catalán tomó la opción de enfrentarse al Estado, la llamada via
unilateral, confundiendo la mayoría por el referéndum con una mayoría por la
independencia, en torno al 50%. Ello ha comportado errores de estrategia,
pensaron que el Estado no utilizaría la violencia (real o la amenaza de usarla)
para frenar el referéndum del 1 de octubre, que pese a ser declarado ilegal por
Rajoy votaron 2,3 millones de personas, o la Declaración que proclamaba la
República Catalana.
También lo ha sido la falta de una propuesta social, pensar
que se podían acumular mayorías más amplias favorables a la independencia sin
darle un contenido democrático radical y socialmente avanzado en un proceso
constituyente. La divisa “primero la independencia y después ya se arreglará
todo” no ha funcionado en una parte de la población que no llega a fin de mes y
para la que la independencia no es una prioridad y no funcionará sin disputar
la hegemonía del proceso soberanista a la derecha neoliberal, impulsora de los
mismos recortes sociales y con los mismos casos de corrupción que la
derecha neoliberal española.
La movilización ciudadana ha sido espectacular, pero sus
dirigentes no han sabido o no han querido profundizar la crisis del régimen
monárquico forjando alianzas junto a fuerzas progresistas, de izquierdas, como
Unidos Podemos que se ha manifestado a favor de un referéndum acordado, en vez
de tejer complicidades con los otros pueblos, como el vasco o gallego, el
independentismo catalán apretó el acelerador creyendo tener suficiente fuerza
como para vencer a un Estado español arropado por la Comisión Europea. La
decepción de los independentistas catalanes con Europa es muy grande,
confiaban que no permitiría la violencia y que algunos países europeos
reconocerían a la República Catalana (especialmente los escandinavos y
bálticos). La UE prefirió mirar a otro lado a partir de dos principios: Los
Estados no tienen amigos, tienen intereses y que el “caso catalán” puede ser
contagioso para otras naciones sin Estado que también pueden aspirar a su
independencia.
Presos políticos y elecciones el 21 de diciembre
España tiene, sin duda, graves déficits democráticos y la
separación de poderes está cada vez más en entredicho, especialmente en el
aparato judicial dónde la derecha política cada vez se parece más a una derecha
extrema. Ese frente judicial, jaleado por el gobierno, ha llevado a los líderes
del movimiento civil independentista a la prisión acusados de rebelión y actos
violentos, pese a su ausencia total en las manifestaciones… también a
medio gobierno y pedido la extradición de la otra mitad que está en Bruselas y
todo en 48 horas con acusaciones de dudosa legalidad… mientras los corruptos
están años y años a espera de juicio.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que en
el conflicto entre Catalunya y España “debía imponerse la fuerza de la razón”,
la realidad es que tan solo se ha impuesto la fuerza sin razón del Estado y la
judicialización de un conflicto -de clara raíz política- como parte de la
estrategia de represión. A ello hay que sumarle la aplicación del artículo 155
de la Constitución para intervenir las instituciones catalanas, imponer un
gobierno minoritario y antidemocrático en Catalunya, suspender su gobierno y
disolver el Parlamento.
Frente al aumento de la represión un amplio movimiento de
solidaridad ha exigido la libertad de los presos políticos, el fin de las
causas judiciales contra más de 700 alcaldes, la Mesa del Parlamento y
diputados por ejercer la libertad de expresión y debate.
Disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones desde
Madrid eran la jugada maestra de Rajoy, pero se puede revelar como el error
mayúsculo y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de
España. Rajoy no esperaba que las fuerzas independentistas –JuntsxCatalunya
(centroderecha), la favorita para ganar ERC (socialdemócrata) y CUP
(anticapitalista)- se presentaran a las elecciones del 21 de diciembre y en las
que parten como favoritas para revalidar su mayoría parlamentaria.
Clave será el papel de la izquierda alternativa, agrupada en
torno a Catalunya en Comú y el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Pese a su distanciamiento de los independentistas, su apuesta es por un Estado
confederal que reconozca Catalunya como una nación soberana que pueda decidir
mediante un referéndum acordado sobre la independencia, lo aleja del bloque
constitucionalista. Es decir, posiblemente la única alternativa real a un nuevo
Gobierno independentista, sea uno de las fuerzas soberanistas de izquierdas.
El
referéndum seguirá estando sobre la mesa sí o sí, a la vez que impugnará el
modelo económico liberal. Hemos sido testigos de las dificultades, errores y
vacilaciones del proceso soberanista catalán, pero sobretodo lo estamos siendo
de la incapacidad del gobierno Rajoy de saber dar una solución democrática y de
su amenaza en convertir el régimen del 78 en el régimen autoritario del 155.
La llamada “cuestión catalana” ha dejado de ser una cuestión
interna “española” para ser una cuestión europea. Las libertades y
derechos están en el centro del debate para todos los demócratas, especialmente
para aquellos y aquellas que defendemos el derecho a decidir de las naciones.
En pleno siglo XXI Europa tiene que afrontar la posibilidad
de que sus fronteras interiores, si todos somos ciudadanos europeos, puedan
cambiarse si así lo deciden libre y democráticamente una mayoría de ciudadanos.
Europa no puede renunciar a la democracia real como forma resolver los
conflictos.
