Cataluña en el laberinto autoritario de Rajoy

Article publicat a SinPermiso.info el passat 13 de desembre en el qual reflexiono sobre la creixent tendència autoritària de l'Estat Espanyol envers el sobiranisme català, tendència que forma part del corrent alimentat pel neoliberalisme i els partits populistes de dretes, tant a Europa com en la recent elecció de Trump: Substituir la democràcia per un Estat-Autoritat que tingui como a funció reprimir la possibilitat d'un canvi de sistema.

Más de 400 personas elegidas democráticamente en Catalunya están encausadas judicialmente. Entre ellas, la presidenta del Parlament, diputados, el anterior President, y alcaldesas y concejales. Es una persecución política. Es un ataque a los derechos de personas elegidas democráticamente por el pueblo, y encausadas por ejercer la voluntad popular.

Tras el cambio de ciclo que supusieron las elecciones en Galicia y Euskadi, donde PP y PNV lograron mantenerse en el gobierno, llegó la abstención del PSOE para que Rajoy siga al frente del gobierno del Reino de España. Esa casta que sólo está interesada en mantener su status quo en un régimen corrupto ha conseguido mantenerse a flote.

Pese a ello, la inestabilidad será la normalidad en el próximo periodo, pues siguen sin taponarse las vías de agua que se producen por ser el segundo país más desigual de Europa, por el empobrecimiento y la precarización de las condiciones de vida de millones de personas o la impugnación a la totalidad del régimen por el movimiento soberanista en Catalunya.

Ese cambio de ciclo será más lento de lo que deseábamos, pese a la innegable realidad que suponen los ayuntamientos de cambio o la fuerza que representa Unidos Podemos. La hegemonía sigue en manos de las fuerzas que apuntalan este régimen moribundo que, lógicamente, se resiste a morir y en su resistencia llegará a límites que convertirán la democracia ligth que tenemos en una caricatura del monstruo con la que Gramsci definía los interregnos.

El neoliberalismo de Rajoy tiene todas las condiciones para mutar en un neoliberalismo autoritario.  Ya tenemos la Ley Mordaza, no toleran ni los memes y ahora tendremos juicios políticos.

Un juicio político

Para muestra un botón: la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso ha decidido con los votos a favor de PP, PSOE y C’s seguir adelante con el suplicatorio contra Francesc Homs, diputado de la antigua Convergència. (El suplicatorio es el trámite imprescindible para poder juzgar a un diputado o diputada). En este caso es el Tribunal Supremo que lo quiere someter a juicio por la consulta sobre la independencia de Catalunya del 9 de noviembre de 2014, si la mayoría del Congreso lo aprueba en las próximas semanas.

Los tres partidos del Régimen han rechazado las alegaciones del propio Homs y del resto de partidos que se opusieron (EnComúPodem-Unidos Podemos y las confluencias, ERC, EH Bildu y PNV).

El hecho tiene una especial relevancia. Se trata de juzgar a un diputado, no por un caso de corrupción o por estafa, sino por un motivo claramente político. Todos los partidos contrarios a aprobar el suplicatorio han comparecido en rueda de prensa y han asegurado que rechazan que se procese  a un parlamentario  “por motivos políticos y por sus ideas". Así mismo, lamentaron que el PSOE actúe como “cooperador necesario en este atentado contra la separación de poderes".

Independientemente de si Homs nos cae mejor o peor (quien esto escribe ha combatido desde el escaño en el Parlament de Catalunya y desde la calle en multitud de manifestaciones, su papel en las políticas neoliberales del gobierno de Artur Mas, tan similares a las de Rajoy) con este juicio lo que está en juego es la utilización de las leyes -que no son neutrales- para amordazar el propio concepto de democracia.

Homs será enjuiciado, no por las consecuencias de sus políticas de recortes sociales o por los casos de corrupción de Convergència, sino por ser parte de un gobierno que ejecutó el mandato del Parlament de Catalunya, que fue aprobado por una amplísima mayoría, mi voto entre otros muchos, mandato que reflejaba el clamor popular expresado en las gigantescas manifestaciones de los 11 de setembre de 2012, 2013 y 2014. La realidad es que ahora el Tribunal Supremo realizará un juicio político, que en realidad lo es contra la mayoría de un pueblo cuya ciudadanía quiere votar para resolver un conflicto político.

No está de más recordar como la Ley de partidos, votada por PP, PSOE y CiU (ahora Homs va a probar los ingredientes autoritarios que su partido votó) y que fue creada como una ley de excepción para ilegalizar a los independentistas vascos (jamás para ilegalizar a un partido como el PP que ha sido imputado por corrupción). No es exagerada la comparación con la situación que estamos viendo en la Turquía de Erdogan, donde está exprimiendo al máximo las leyes para ilegalizar o detener al principal partido de la oposición, el partido de izquierdas pro-kurdo HDP. Cambian las formas, no los objetivos: forzar la ley y los poderes del Estado para evitar el debate político y resolverlo democráticamente. En ambos casos, la negación del derecho a la autodeterminación por parte de nacionalismos de Estado.

¿Diálogo? ¿Qué Diálogo?

El momento en el que se ha producido esta votación, a la semana de la formación del nuevo y “dialogante” gobierno Rajoy, en el que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es señalada como la responsable de la “carpeta catalana”, queda claro que el “diálogo” nace muerto en relación a los conflictos abiertos con Catalunya.

Se sigue la senda de la Fiscalía General del Estado que ha llevado el peso de la querella (con la opinión contraria de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, también por la votación del 9 de noviembre, o la más reciente contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, por la votación sobre el Comisión de Estudio del proceso constituyente. De nuevo en la querella contra Forcadell se criminalizan las ideas y el debate (la votación no tenía efectos jurídicos) allí donde la soberanía del pueblo está representada por sufragio universal: un Parlamento.

La delegada del Gobierno Rajoy en Catalunya, Llanos de Luna, ha emprendido una cruzada contra los ayuntamientos catalanes, más de 400, que exhiben las “estelades” (banderas independentistas) en sus casas consistoriales o por declarar no festivo el 12 de octubre o la razón que sea…

Por no hablar de las 35 leyes o decretos aprobados por el Parlament que han sido impugnados por el Gobierno del PP y suspendidos por el Tribunal Constitucional, de las cuales, casi la mitad, el 43%, tienen un marcado cariz social como la Ley 24/2015 fruto de una ILP contra la pobreza energética y la emergencia habitacional, la Ley de igualdad entre hombres y mujeres o la Ley del impuesto a las viviendas vacías. Sólo el 28% de las leyes tenía un cariz soberanista, como la Ley de la Agencia Tributaria o la Ley de Consultas Populares vía referéndum.

Impedir cualquier cambio

La mal llamada “judicialización de la política” no es sino el sometimiento de la política a las leyes (que sólo defienden los intereses de una minoría que controla el Estado) y en ese sometimiento se vislumbra una tendencia que va alimentando el neoliberalismo y los partidos populistas de derechas: sustituir la democracia por un Estado-Autoridad que tenga como a función reprimir la posibilidad de un cambio de sistema.

Von Clausewitz, teórico de la ciencia militar moderna, escribió: “la guerra es la continuación de la política pero por otros medios”; hoy bien podría escribir que la “judicialización de la política es la forma de declarar la guerra por otros medios”.  

Manifestació "Per la democràcia"
el 13 de novembre a Barcelona 

¿Cuántos cargos electos acabarán imputados, encarcelados? Este domingo, 13 de noviembre, Barcelona ha vuelto a presenciar una enorme concentración contra la imputación a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell y de los centenares de electos investigados por el aparato judicial. Y el lunes, o el martes, o el miércoles… desde el gobierno volverán a impugnar una ley o se volverá a imputar o denunciar a algún cargo electo por sus ideas políticas, como el concejal de Vic, Joan Coma o a Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga, por colgar una bandera. Esta última detenida el mismo día en que se presentaba en sociedad el gobierno Rajoy y los ministros juraban su cargo ante el Rey. Detenida por negarse a declarar ante el juez e imputada por mantener la “estelada” en el balcón del Ayuntamiento. Otro ejemplo de cómo el “Estado de derecho no cederá ni un milímetro ante el desafío separatista” según el ministro de Justicia. En toda Catalunya se produjeron manifestaciones de apoyo a la alcaldesa de la CUP.

Quienes han dirigido la operación para apuntalar a Rajoy –desde grandes empresas, el grupo Prisa, hasta Susana Díaz- siempre pusieron como principal razón “el interés de España”. El PSOE, argumentaban, no podía negociar, ni aceptar los votos de los partidos que cuestionan el “orden constitucional” (desde Unidos Podemos a ERC, pasando por EH Bildu o el PNV). La coartada para esa Unión Sagrada no es otra que “la unidad de España está en peligro”. La derecha y sus apoyos lograron sacar adelante su plan: ninguna negociación, ningún acuerdo, ninguna concesión.

De hecho, en Catalunya se vive una especie de democracia suspendida desde que el Tribunal Constitucional anuló en el 2010 la parte sustancial del “pacto constituyente” entre el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados que dio lugar al Estatut de 2006 y que fue sometido a referéndum y aprobado por una mayoría de los catalanes.

En palabras del constitucionalista Javier Pérez Royo fue un “golpe de Estado” pues un tribunal jamás puede definir el “pacto político”. El régimen monárquico ha sido incapaz de rehacer ese pacto constituyente y una gran parte de los catalanes, que consideran Catalunya una nación, decidieron que querían ejercer libremente su derecho a decidir el tipo de relación con el Estado Español. Las fuerzas políticas partidarias de un referéndum, sean soberanistas o independentistas, no paran de crecer y ganar elecciones (cada vez el voto se desplaza más hacia la izquierda, hacia  EnComúPodem o ERC).

A la demanda de un referéndum, que apoyan 83 de los 135 escaños del Parlamento catalán y el 80% de la sociedad catalana, el Estado, su aparato judicial y legislativo, responde con la negativa a toda solución, negociación o diálogo.

De la misma manera que Rajoy afirmaba en su discurso de investidura que nada hay que negociar en el terreno económico pues “hay que cumplir con Bruselas” (es decir, acepta de hecho que España no tiene soberanía para decidir sus políticas públicas, que estas vienen impuestas por la Troika y, por tanto, hay que cumplir y punto), en relación a Catalunya tampoco hay nada que discutir pues no hay más soberanía que la española y ello implica negar la catalana o vasca o gallega… y punto. Cualquier otra interpretación es o será perseguida.

¿Cuántos cargos electos habrá que inhabilitar, detener, enjuiciar o encarcelar? ¿Hasta cuándo permitiremos que el Estado vaya avanzando en medidas autoritarias y sacrificando las libertades colectivas  para negar el reconocimiento y los derechos de las naciones que como Catalunya, Euskadi o Galicia conforman España?  

Es clave para las fuerzas de izquierdas enfrentarse a esta deriva autoritaria para ganar la batalla de la democracia. Una deriva autoritaria que crece en Europa y hemos visto reflejada en el resultado de las elecciones en los EEUU.

La defensa de los derechos y libertades forma parte de la misma lucha contra las consecuencias de los recortes y ataques a los derechos sociales del gobierno Rajoy. Son las dos caras de la misma moneda. Y en esa lucha hay que actuar de  manera independiente y no supeditada a los intereses de quienes invocan la “sagrada unidad de la patria” como Rajoy, Susana Díaz o Rivera porque lo que defienden es apuntalar un Régimen donde siempre ganan la misma clase dominante: la banca, las multinacionales, las patronales…   

Por eso, la recuperación de los valores democráticos y la reconquista de los derechos civiles, laborales y sociales están vinculadas al reconocimiento del derecho a la autodeterminación democrática, es decir al derecho a la independencia de las naciones que configuran España.

Sobirania s’escriu amb V de Votar

Tothom és conscient que aquest 11 de setembre és clau. Els que estan a favor i en contra de la Consulta del 9 de novembre. Ho son els que diuen estar a favor de la Consulta, però que aquesta s’ha d’ajustar al “marc legal espanyol” i els que defensem que la Consulta s’ha de fer Si o Si, com també els que volen acabar amb el procés.

Si el procés cap a la autodeterminació i el Dret a Decidir va començar al carrer amb la manifestació contra la sentència del Tribunal Constitucional i les consultes populars als pobles i ciutats catalanes, és al carrer d’on sortirà la força per exercir-lo. L’èxit ens fa imprescindibles a totes i tots, la V d’aquest 11 de setembre ha de fer irreversible la Consulta, perquè ha arribat el moment d’exercir una sobirania que s’escriu amb la V de Votar. La SoVirania no és una declaració, és exercir el Dret a Decidir.

I fer la consulta va molt més enllà de convocar-la. Tothom n’és ben conscient que el govern del Reino de España i el seu règim, impugnaran la Consulta del 9 de novembre i el Tribunal Constitucional la suspendrà. L’Estat no dóna cap sortida democràtica per consultar a la ciutadania de Catalunya.

L’èxit d’aquest 11 de setembre és impedir que el Govern d’Artur Mas acati la suspensió del Tribunal Constitucional, un Tribunal que és jutge i part. El Govern haurà d’escollir entre la legalitat catalana o la espanyola. Entre donar la veu al poble o actuar com un govern regionalista que sotmet Catalunya a una legalitat que li nega la seva condició de nació, entre complir la Declaració de Sobirania del Parlament de Catalunya encara que això impliqui la ruptura amb el Règim o sotmetre’s.

Ara és l’hora... d’inscriure’s a la V i omplir els carrers per

omplir les urnes el 9 de novembre. Els sindicats, entitats veïnals, socials, de cooperació... convoquen als trams 57 i 58, a la Plaça Universitat, per conformar un “Tram Social”. Cal omplir els carrers de la V i fer-ho amb les samarretes de les reivindicacions que hem portat tot aquest temps de lluites contra les retallades socials a l’educació, la sanitat, els desnonaments, per la llengua, contra els acomiadaments, per la Renda Garantida...

Hem de deixar clar que el nostre el nostre SI/SI és per exigir no només el dret democràtic a un nou Estat, sinó també exigint un Estat nou al servei de la majoria del poble i no d’unes elits que volen seguir sotmetent-lo i explotant-lo. Ara és l’hora també de fer net i acabar amb les seves pràctiques corruptes, tapades durant tants anys d’autonomisme.

Ni Catalunya és un poble mesell, ni oblidem que la burgesia catalana, com hem vist amb el clan Pujol, sempre ha emprat les reivindicacions nacionals per fer millors negocis mentre retallava els drets socials i laborals dels treballadors catalans. Com deia Salvador Seguí, el Noi del Sucre: “En canvi nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por”

Per si voleu llegir sencer el discurs sencer de Seguí, dirigent de la CNT, fet l'octubre de 1919 a l'Ateneo de Madrid, aquí teniu l'enllaç, com podreu veure hi ha coses que segueixen sent "d'actualitat" malgrat els quasi cent anys passats: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9508#.VAgaFsV_vTo

El Debate soberanista en Cataluña: Apertura democrática o enroque constitucionalista

La Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña, aprobada en el Parlamento catalán ha venido precedida de un amplio debate en la izquierda, con tres opciones posibles: el Sí, el No y la abstención. Votar SÍ implicaba también votar con CiU. El autor analiza este debate a partir de una premisa: es CiU la que cambiado su posición arrastrada por el 11 de septiembre, no la izquierda que siempre ha defendido este derecho democrático.

Todas las encuestas siguen señalando que más del 70% de los catalanes quieren la consulta y poder ejercer el derecho a decidir. Para el autor esta Declaración implica un paso democrático que cuestiona el régimen de la monarquía, el bipartidismo del Reino de España que niega la libertad a los pueblos, y se ha hecho sin esconder la confrontación social con el modelo de CiU, ahora apoyado por ERC... es crítico con quienes han querido oponer la lucha contra los recortes a uno de los principios democráticos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que la izquierda siempre a vinculado a la lucha de la emancipación social.

En España Rajoy ha dicho primero que lo aprobado es igual a nada y luego que pedirá un informe sobre las consecuencias de la Declaración. UPyD pide directamente echar leña al fuego: suspender la autonomía y juzgar a los “sediciosos”. Rubalcaba ya le dejó claro al PSC que de “derecho a decidir” nada de nada y Cayo Lara defiende el derecho a decidir de Cataluña para en la frase siguiente negarlo de facto en nombre de la Constitución y la soberanía de todos los “españoles”.

En Cataluña, de momento, el gran beneficiado es ERC que sube en las encuestas y marca el camino a CiU en la ruta nacional. Su talón de Aquiles serán los presupuestos que empiezan a debatirse en pocas semanas. Aquí Mas se cobrará su parte, pero ambos, Mas y Junqueras, se encontraran frente a la movilización social que no ha parado de crecer y coordinarse en los últimos meses.

No tenemos una partida de ajedrez. Tenemos unas simultáneas en la que todos “los jugadores” compiten entre sí. De momento estamos en los movimientos de apertura: Gambito de democracia contra enroque constitucional.

Las crónicas sobre la Declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña el miércoles 23 de enero por 85 votos a favor (CiU, ERC, ICV-EUiA, 1 de la CUP) 41 en contra (PSC, PP y C’s) y 2 abstenciones (CUP) nos dicen que Cataluña ha proclamado su soberanía. También nos dicen que es la sexta vez que el Parlamento catalán aprueba el derecho de Cataluña a la autodeterminación. ¿Qué ha cambiado entre esta declaración y las anteriores?

La Declaración aprobada, como las anteriores, es una Propuesta de Resolución, no una Propuesta de Ley. Es decir, expresa una voluntad de acción política, pero no es una iniciativa legislativa con efectos jurídicos. Dicho esto, la diferencia entre las anteriores y la actual Declaración está en que ha cambiado radicalmente el escenario social, político y económico en el Reino de España.

Estamos en una época de turbulencias y en ese escenario, que incluye una desafección creciente de los partidos troncales del régimen, PP y PSOE. En Cataluña ha emergido la voluntad de ejercer efectivamente ese derecho y esa voluntad política es la que contiene los elementos de ruptura con el régimen de la restauración borbónica, más conocido como la Transición. Elementos de ruptura que se añaden a la crisis sistémica la de una organización territorial de las autonomías agotada y un descrédito en las instituciones que gobiernan descaradamente contra los intereses de la mayoría del pueblo y que ha generado la irrupción de movimientos sociales de desobediencia civil como el 15M o las Plataformas contra los desahucios, las mareas…

Y ese escenario en Cataluña tiene una fecha y nombre propio: La histórica manifestación del 11 de septiembre de 2011 que supuso un cambio cualitativo para toda la sociedad, los partidos, las instituciones… El pueblo movilizado reclamando el derecho democrático a ser escuchado en una consulta sobre la relación entre Cataluña y España. Y la historia -en mayúsculas- la escriben los pueblos.

El catalanismo político

Pero esos elementos de ruptura también tienen su traslación en Cataluña. El catalanismo –tal vez difícil de entender fuera de Cataluña- engloba todos los partidos que consideran a Cataluña una nación. Y esa nación, por definición, tiene una personalidad política y jurídica, comporta una “soberanía innata” aunque fuera “cedida” a España por el pacto constitucional tras el franquismo.

En ese espacio convivían el PSC, CiU, ERC, ICV, EUiA y el independentismo hasta hace pocas fechas minoritario socialmente. Cada uno le daba al catalanismo una formulación política desde el autonomismo, el federalismo, el confederalismo o la separación del Reino de España. En este espacio conviven los sindicatos CC.OO, UGT, CGT, USO… todos ellos partidarios del derecho a decidir y la consulta, todos ellos contrarios a los recortes sociales de Mas como muestra el reciente Manifiesto de la Plataforma Prou Retallades! (¡Basta de recortes!)

Este catalanismo se sustenta sobre una base social muy amplia, transversal, interclasista, popular, obrera… también ha “sufrido” los cambios que la crisis está produciendo en todas las capas de la sociedad y sus organizaciones. Tras el fracaso de la reforma del Estatut laminado en el Tribunal Constitucional (pese a ser refrendado en referéndum) la injusta financiación, la incapacidad del Reino de España de reconocerse como un Estado plurinacional y plurilingüístico, la recentralización de competencias…

Esa base social -que conforma la mayoría social en Cataluña- ha dejado de creer que sea posible un encaje “aceptable” entre Cataluña y España y ha pasado a tener su centralidad en el derecho a decidir y ese derecho incluye decidir si Cataluña quiere o no seguir formando parte del Reino de España, federarse previo reconocimiento de su soberanía, seguir siendo una autonomía… En fin, a reformular esa relación a partir de una consulta popular y no del pacto entre partidos e instituciones.

Si ese “pacto” está en cuestión, como parece desprenderse de todas las encuestas que muestran un apoyo muy mayoritario a una consulta (de hecho el resultado de las elecciones y la votación en el Parlament así lo muestran), la mejor manera de resolver esa “contradicción” es escuchar de la ciudadanía. En otras palabras se trata de democracia. Esta es la traducción política de la inmensa movilización popular del último 11 de septiembre.

La situación es pues dinámica, extraordinariamente dinámica, y lo que parecía inamovible durante decenios, ha cambiado en pocos meses. También los partidos, todos, se encuentran en una fase de intenso debate fruto de las contradicciones que el convulso doble eje nacional y social está produciendo: derecho a decidir (más democracia) y austericidio (ataque neoliberal a los derechos sociales y laborales en un país con 900.000 parados)

Todo cambia, nada es igual

En ese escenario de turbulencias y elementos de ruptura, hay que situar el 11 de septiembre. Lo que ha cambiado es la realidad y ese cambio afecta a las legitimidades y a las “legalidades” y forma parte del contexto de crisis económica, social y política del Reino de España (rescate de la banca, los escándalos financieros, de las preferentes, de corrupción en los grandes partidos, el descrédito de la monarquía borbónica, miles de desahucios, seis millones de parados…). A esa crisis en Cataluña se añade una crisis nacional, el marco de relación con España se ha agotado para esa mayoría social.

La respuesta de CiU ha pasado del autonomismo y de negociar un Pacto fiscal con el PP al soberanismo en pocos meses. A esta situación de enorme complejidad se añadió un proceso electoral donde esta formación política intentó un plebiscito en el que triunfara el "todos con el presidente", y en el que el gobierno de Artur Mas lograra una mayoría absoluta que permitiera a la burguesía catalana liderar el proceso como un “acto de fe” llamado "transición nacional" desde su despacho de la Plaza Sant Jaume.

El desgaste social por los recortes, la última huelga general, la desconfianza en el “hiperliderazgo”, sumaron para certificar el fracaso de CiU que quedó patente con la pérdida de 12 diputados, mientras que la mayoría alrededor de la consulta giró a la izquierda con el aumento de ERC e ICV-EUiA y la entrada de la CUP.

Tras el debate de investidura de Mas, la ecuación central de esta legislatura es: Derecho a Decidir/Recortes Sociales. Simplificando la posición de cada formación fue esta:

Derecho a Decidir SI + Recortes SI à CiU i ERC

Derecho a Decidir SI + Recortes NO àICV-EUiA y CUP

Derecho a Decidir Abs + Recortes NO à PSC

Derecho a Decidir NO + Recortes SI à PP

Derecho a Decidir NO + Recortes NO àCiutadans

La formación del nuevo gobierno, el de los mismos, el gobierno de los recortadores, ha sido posible gracias a un acuerdo -el Pacto por la Libertad- con ERC que ha impuesto un ritmo al proceso incómodo o abiertamente contrario a los intereses de la gran burguesía catalana, la que el corrupto Millet del Palau de la Música calificó de las 400 familias que estaban siempre en los mismos consejos de administración. La gran patronal ya se ha pronunciado abiertamente contra el Derecho a Decidir.

Duran i Lleida, desacreditado por el acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio por corrupción en la conselleria de Trabajo cuando la dirigía su partido, se ha manifestado reiteradamente contrario a cómo Mas ha pilotado el acuerdo con ERC -que exigía además una modificación de las políticas impositivas hasta ahora rechazadas por Mas-. Ello ha llevado a la enésima crisis entre ambos socios, esta vez la más grave. Todo está en movimiento y en crisis. También CiU.

CiU y ERC pactan al margen del Parlament

ERC y CiU pactaron que el centro de gravedad girara alrededor del Gobierno (CiU) y del Consejo de Transición Nacional (ERC), no sobre el Parlament, ni de las entidades, sindicatos, organizaciones que apoyan al Derecho a Decidir. Al mismo tiempo su declaración inicial gravitaba sobre su objetivo final (el Estado propio) y no sobre el derecho de la ciudadanía catalana a decidir su futuro como pueblo.

Fue un gran error digno de principiantes y que para sorpresa de muchos se encontró con un rechazo social mayoritario por la forma en que se realizó: Fue un acuerdo hecho fuera del Parlament y al margen de las entidades sociales, de los sindicatos, de las asociaciones que conforman el país… de aquellas que salieron a la calle el 11 de setiembre tan masivamente. Ambos aspectos fueron rechazados por PSC, ICV-EUiA y la CUP que presentaron sus propias Propuestas de Resolución que dieron lugar a una semana intensa de negociaciones “a cinco”.

La palabra clave para el acuerdo fue si Cataluña tiene “soberanía”.

 La legitimidad y la legalidad.

Para unos la legitimidad no puede ser (“sólo”) subsidiaria de la legalidad y en todo caso es previa. Para el PSC no hay legitimidad sin legalidad y por tanto, rechazaba el concepto “soberanía como sujeto político y jurídico”. A su vez proponía una reforma federal de la Constitución que sólo se aguanta en el papel, pues es imposible de llevar a la práctica. La CUP quería incluir en esa soberanía el concepto de territorial de los “Països Catalans” y el rechazo a la Unión Europea. Finalmente, CiU, ERC e ICV-EUiA consensuaron la Declaración que finalmente se votó. PSC i CUP mantuvieron las suyas.

PP y Ciudadanos intentaron por todos los medios que el Debate no se produjese, primero impugnando el acuerdo de la Mesa del Parlamento sobre el orden del día y luego apelando al gobierno Rajoy para que el Tribunal Constitucional impidiera el debate que calificaron de “ilegal”.

Debates transversales en toda la izquierda

Des de las diferentes formaciones de izquierdas la contradicción principal era como cómo desarrollar propuestas que no hicieran aparecer la Declaración detrás del pacto CiU-ERC que incluye unos presupuestos con más de 4.000 millones de euros de recortes sociales. Es decir, cómo aparecer con personalidad propia.

El debate ha sido, es y seguirá siendo intenso. Ya no se trata de hablarlo como un principio en abstracto, sino en concreto (la declaración de CiU-ERC ha sido presentada) y teniendo en cuenta la correlación de fuerzas. En forma de preguntas este sería una parte de debate:

a)     ¿Apoyar el proceso del derecho a decidir... aunque haya recortes? ¿Aunque implique votar con CiU?

b)     ¿Las políticas de austericidio de Mas, de Rajoy dejarán de aplicarse porque haya o no haya consulta?

c)     ¿El derecho democrático a decidir es incondicional si la mayoría del pueblo quiere ejercerlo? ¿Ejercerlo agravará la situación de las clases populares?

d)     ¿Sobre qué alianzas ha de construirse el proceso del derecho a la autodeterminación? ¿Qué plantear sobre la Unión Europea, la Europa de los mercaderes puede ser nuestro referente?

e)     ¿A las clases trabajadoras, qué les interesa más, seguir bajo el régimen de la monarquía borbónica o de una República Catalana?

f)      ¿Cómo defendemos el derecho a decidir (un proceso interclasista impulsado –ahora mismo- por “una parte de la burguesía catalana, con una parte de la pequeña burguesía y una parte de las clases populares”) y a la vez luchamos contra el gobierno CiU y sus políticas de recortes sociales que golpearán a esas mismas clases en sentido inverso a su peso en la sociedad catalana?

g)     ¿Podemos cambiar el liderazgo de ese proceso? ¿Con que propuestas, con qué estrategia?

h)     ¿Podremos ganar la hegemonía social a la “ideología nacionalista burguesa” absteniéndonos o negando un derecho democrático reclamado por la mayoría de la sociedad?

i)      ¿El derecho a decidir de Cataluña o Euskadi en qué perjudicaría a la clases trabajadoras del Reino de España?

j)      ¿La opción federal puede existir sin reconocer el derecho a la autodeterminación? ¿El Estado Español está en condiciones de ofrecer a las naciones que lo componen una acuerdo para que puedan convivir en pie de igualdad, en fraternidad, libremente... aquí y ahora?

k)      ¿Ejercer el derecho a la autodeterminación fortalece o debilita al régimen monárquico, a la burguesía española y catalana? ¿Fortalece o debilita la lucha por la República?

El Partido Socialista de Cataluña

Des del minuto uno el PSC optó por negar la política y refugiarse en una visión según la cual el motor de la historia no son las clases sociales sino las leyes, la "legalidad vigente".

El derecho a decidir sólo es legal a partir de un acuerdo entre Cataluña y España que implica reformar la Constitución. Para la actual dirección del PSC, que en campaña dijo estar a favor del derecho a decidir de los catalanes y que su opción era un encaje federal, la Declaración del Parlament al tratar “al pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano”, implica unilateralidad y desobediencia al marco constitucional.

Pero entonces ¿qué proponen decidir, cuando en realidad no se tiene la capacidad para decidir, o en todo caso implica que para decidir es necesario un acuerdo con el Estado que es imposible que se dé?

Traducido al lenguaje de los mortales: supone negar en la práctica que la ciudadanía catalana sea consultada (no ya por la independencia, sino incluso para defender una opción federalista) pues PP Y PSOE han rechazado, con diferentes grados de hostilidad, que Cataluña pueda ejercer ese derecho democrático.

El PSC se ha quedado en tierra de nadie, pues su propuesta federal necesita al PP para que algún día pueda prosperar. Se ha hecho a la vez “rehén” de Rubalcaba… y de Rajoy. A partir de ahora no se entenderá su apoyo a movimientos sociales como las Plataformas contra los desahucios, pues estos movimientos si algo practican es la desobediencia civil contra leyes que por muy legales que sean son injustas y lesivas para la mayoría.

Lo más lamentable, como ha pasado con otras formaciones de izquierdas, es que se han refugiado en la justa crítica a la política neoliberal de CiU, a los recortes sociales, a la situación dramática del paro… para negar un principio democrático incuestionable para un partido que se reclama de la izquierda… como si negar ese principio democrático pudiese parar los recortes.

Desde la visión del catalanismo, de los derechos nacionales de Cataluña, el PSC se ha situado en los márgenes y fuera de la centralidad. De facto el PSC como partido catalán está transmutando en la federación catalana del PSOE y se ha situado al lado del frente españolista del PP y Ciudadanos.

El cambio de posición del PSC, que pasó de proclamar en menos de un mes, que se abstendría en todas las votaciones sobre el derecho a decidir a votar no, ha sido traumático para buena parte de su militancia.

En el hemiciclo eran patentes los nervios y las reuniones improvisadas en pequeños corrillos. El twitter sacaba humo con frases de dirigentes y militantes que renegaban de la posición de la dirección. El hasta hace tres meses presidente del grupo parlamentario, Joaquim Nadal, dimitía de la dirección.

Finalmente cinco diputados socialistas (una cuarta parte del grupo parlamentario) partidarios de derecho a decidir, no siguieron la disciplina de voto y no votaron. No representan un grupo homogéneo, ni una corriente organizada, pero suponen una vía de agua que se ha ido multiplicando en muchas asambleas locales y comarcales.

El PP y Ciudadanos

Las frases de bienvenida al frente unionista español de Camacho y Rivera al sumiso líder del PSC fueron una de las imágenes del debate. La cara de Navarro era un poema fruto del drama interno del PSC. Está claro que la dirección del PSC sí que ha ejercido su derecho a decidir en una cuestión de transcendencia histórica.

Camacho, como Rivera, utilizó básicamente el castellano en su intervención y actuó como la delegada del gobierno de Rajoy, como representante de la propiedad. Se desempeñó de forma amenazadora, arrogante. Para el PP la democracia es el acatamiento de las leyes. Y las leyes “son nuestras” (no del PSC al que ridiculizó con sorna). Son la España de siempre, la que ha mandado siempre y quiere seguir mandando. Es la España de mucha Constitución y poca democracia. El PP puede decir NO, pero no deja a nadie decir SÍ, o plantear una configuración institucional federal.

Para Rivera y su partido, Ciudadanos, al que algunos apellidan neofalangista con traje de Armani y bolsos de Loewe, todo se arregla con ridiculizar el sentimiento de la mayoría de catalanes que simplemente parecen ser un atajo de pasmarotes que se han creído un cuento y lo suficientemente tontos como para votar a un atajo de corruptos a los cuales habrá que castigar con el Tribunal Constitucional, nuevo brazo armado de la españolidad, y si es necesario llevar a la prisión a los sediciosos.

ICV-EUiA

La coalición planteó rechazó la Declaración de CiU y ERC porqué patrimonializaba en ellos un derecho, que para ICV-EUiA, es del pueblo de Cataluña, de toda la ciudadanía catalana, de los que están a favor, de los que están en contra y de los que dudan. De los que están por la independencia, de los que son federalistas, de los que se quedarían como una autonomía más.

La coalición situó su posición en las tres propuestas antes explicadas y en centrar el debate como un debate de "comunidad política" y no "de identidades enfrentadas". Lo hizo con una intervención claramente opuesta al modelo de nación de CiU, no tubo “pelos en la lengua” hablando de la corrupción que se asocia a Mas y Durán, y marcó la necesidad para la izquierda de construir la alternativa social y política al mismo tiempo que lucha por el Derecho a Decidir ante el Estado y los recortes de los gobiernos de Mas y Rajoy.

Tres fueron los objetivos por parte de ICV-EUiA: el Parlamento como garante del proceso, el derecho a decidir también debe incluir los derechos sociales de la ciudadanía catalana y este Acuerdo debe abrirse al máximo a las organizaciones sociales de la nación que deben movilizarse para alcanzarlo.

Cuanto más pivote sobre el pueblo más fácil será introducir el debate social sobre un “proceso constituyente” en la doble clave de “Nuevo Estado” y “Estado nuevo (de nuevo tipo)”. Es decir, derecho a constituirlo separado de España o como parte de una federación de naciones libres e iguales y a la vez ¿qué tipo de Estado debe ser, con que principios, valores, derechos, a quién ha de servir? Debate que a su vez puede tener como aliados a sectores de la izquierda y movimientos como el 15M que también abogan por un “procesos constituyente” en el Reino de España.

La CUP

Hay que decir que para la CUP, que se estrena como fuerza parlamentaria, el debate significaba lo que en catalán se denomina “el moll de l’ós” (lo esencial) y a su vez se ha producido a una gran velocidad para una organización basada en asambleas locales. En este debate no se trataba de marcar los principios, sino los límites para forjar un mínimo común denominador. La intervención de Quim Arrufat en el Parlament, más allá de las palabras, fue coincidente en los objetivos finales señalados por Joan Herrera de ICV-EUiA: transparencia en el proceso hacia la consulta y basado en la legitimidad del pueblo.

La CUP decidió dar un Sí crítico, crítico con CiU y ERC, crítico con la Unión Europea y con la no inclusión de los Països Catalans. Al final, lo substancial es que el factor político de hacer posible la Consulta decantó a la CUP hacía ese sí crítico.

De sus tres parlamentarios uno votó a favor de la Declaración y dos se abstuvieron. Esta decisión ha creado también un intenso debate interno entre los partidarios de votar sí y sumar 87 votos o no dar ninguna confianza a CiU y abstenerse.

El día después

Además de las heridas en el PSC, con una dirección buscando apoyos en forma de manifiestos y unos críticos que no paran de recibir apoyos, y de las heridas entre CiU, cuya federación de Barcelona ha hecho un comunicado durísimo contra Unió y Duran i Lleida, y del debate interno de la CUP, de ICV y de EUiA (y los partidos que la componen), de la velocidad que ERC quiere imprimir para huir de los recortes que prepara el gobierno de CiU al cual apoya, del “muro constitucional” que levanta el gobierno Rajoy, PP, Ciudadanos… la realidad cotidiana de la gente está lejos de cualquier enfrentamiento y crispación. En la calle se debate, se argumenta y se aboga por un pacto que permita ejercer una consulta.

La Declaración de Soberanía, si contamos los votos a favor más aquellos que se han mostrado favorables al proceso democrático, cuenta con 92 votos, una mayoría más que cualificada mal le pese a la vicepresidenta del gobierno del Reino de España.

La izquierda tiene una enorme responsabilidad frente al “independentismo mágico que todo lo arregla” de parte de CiU y ERC. Especialmente ICV-EUiA, se ha ganado un espacio propio que la legitima para “hablar en nombre de la nación” y seguir tendiendo puentes en la línea histórica de “Cataluña un sol poble” (un solo pueblo), también hacia los socialistas para re-incorporarlos a la centralidad del catalanismo político, hacia los federalistas que son partidarios de una unión de pueblos libres e incluso hacia los independentistas que no sólo quieren proclamar un Estado, sino que quieren debatir qué tipo de Estado.

Ahora es importante saber y proponer qué etapas debe tener el proceso para ganar la legitimidad democrática ante el Estado, Europa y, sobretodo, la ciudadanía. Hablar de los valores republicanos para explicar por qué una República Catalana, libre y social, hermanada con los otros pueblos de habla catalana y federada con los otros pueblos ibéricos, es mucho mejor para la inmensa mayoría del pueblo, si así lo decide.

(Todas las propuestas de resolución, la Declaración de Soberanía y las intervenciones en el debate pueden encontrarse en catalán y castellano en www.parlament.cat).

David Companyon i Costa es miembro del Consell Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa y diputado por la coalición ICV-EUiA en el Parlamento catalán