dijous, 30 de novembre de 2017

Catalunya, una cuestión de democracia real



Aquest article ha estat publicat en anglès al Butlletí de Transform! Europe (www.transform-network.net), una organització que agrupa diferents fundacions i associacions de l’esquerra alternativa europea, amb la intenció de donar algunes claus a una pregunta recurrent a molts països: Què està passant a Catalunya?. La voluntat de l’autor, doncs, no es aprofundir en el debat o l’anàlisi des d’una visió catalana o espanyola, sinó per un públic preocupat sobre com resoldre democràticament el dret del pobles a l’autodeterminació,  especialment dins la Unió Europea.

Las imágenes de la policía española cargando con una dureza brutal contra votantes en el referéndum del 1 de octubre en Catalunya recorrieron las redes sociales y TV de todo el mundo, ante ellas mucha gente se preguntó: ¿Qué está sucediendo en Catalunya?


Hay diversas formas de responder. Tal vez la más ajustada sea que hay un conflicto democrático entre una comunidad autónoma (Catalunya) y el Estado Español. Una mayoría de la población (cercana al 80%) quiere ejercer el “derecho a decidir” (derecho a la autodeterminación) mediante un referéndum. El Estado español, se niega a cualquier negociación al respecto, al contrario de lo sucedido entre Gran Bretaña y Escocia (o entre Canadá y Quebec). Para el nacionalismo español, la aspiración de esa mayoría de la ciudadanía de Catalunya está simplemente fuera de la Constitución. Naturalmente, esa mayoría social a favor del referéndum lo es a favor de resolver el conflicto mediante el voto y no condiciona el resultado del mismo, como se comprobó en Escocia.


Catalunya es una nación con más de mil años de historia, con instituciones centenarias y una cultura y lengua propia que, sobretodo, siente que es tratada injustamente y nada respetada por el Estado. El actual conflicto surge cuando el gobierno de izquierdas en 2003 planteó la necesidad de un nuevo Estatuto de Autonomía. El Parlamento catalán y las Cortes españolas llegaron a un acuerdo y se sometió a referéndum en 2006.


Una mayoría lo aprobó, pero no entró en vigor. El Partido Popular -entonces en la oposición- inició una campaña contra el Estatuto catalán por toda España y puso un recurso ante el Tribunal Constitucional. La “catalanofobia” se convirtió en el centro de todas las batallas. La sentencia del Constitucional llegó en 2010 y suspendió buena parte del Estatuto. Catalunya se convertía en la única comunidad que tiene un Estatuto que no ha estado refrendado por su ciudadanía. Expertos juristas calificaron la sentencia de “golpe de estado” al romper el pacto territorial con el que forjó la Constitución de 1978 tras la dictadura y lo hacía con una sentencia, básicamente política, contra la soberanía popular ya expresada en el referéndum de 2006.


La reacción popular contra la sentencia ha sido masiva y durante siete años consecutivos multitud de manifestaciones, de centenares de miles de personas, han expresado que el modelo territorial de 1978 estaba agotado. La negativa del gobierno de Rajoy a abrir un diálogo ha comportando un enquistamiento de la situación: en Catalunya un aumento de las posiciones independentistas y en España una recentralización del Estado que siempre ha sido la posición del PP, con el apoyo de Ciudadanos (C’s), ambos partidos situados en la derecha liberal que tiene en común un nacionalismo español y una parte de los dirigentes del PSOE que coinciden además en conformar un Estado más autoritario y en las políticas económicas que, siguiendo la estela de los dictados del BCE y la Troika, han aumentado exponencialmente la pobreza y la precariedad en una sociedad muy castigada por el paro, muy superior a la media europea.


Crisis económica, social, territorial 

Estos son los componentes del cóctel sin el cual no es posible entender la política catalana, que se inscribe en una crisis estructural del régimen del 78. Frente al “niet” constante de Rajoy, el movimiento independentista catalán tomó la opción de enfrentarse al Estado, la llamada via unilateral, confundiendo la mayoría por el referéndum con una mayoría por la independencia, en torno al 50%. Ello ha comportado errores de estrategia, pensaron que el Estado no utilizaría la violencia (real o la amenaza de usarla) para frenar el referéndum del 1 de octubre, que pese a ser declarado ilegal por Rajoy votaron 2,3 millones de personas, o la Declaración que proclamaba la República Catalana.


También lo ha sido la falta de una propuesta social, pensar que se podían acumular mayorías más amplias favorables a la independencia sin darle un contenido democrático radical y socialmente avanzado en un proceso constituyente. La divisa “primero la independencia y después ya se arreglará todo” no ha funcionado en una parte de la población que no llega a fin de mes y para la que la independencia no es una prioridad y no funcionará sin disputar la hegemonía del proceso soberanista a la derecha neoliberal, impulsora de los mismos recortes sociales y  con los mismos casos de corrupción que la derecha neoliberal española.


La movilización ciudadana ha sido espectacular, pero sus dirigentes no han sabido o no han querido profundizar la crisis del régimen monárquico forjando alianzas junto a fuerzas progresistas, de izquierdas, como Unidos Podemos que se ha manifestado a favor de un referéndum acordado, en vez de tejer complicidades con los otros pueblos, como el vasco o gallego, el independentismo catalán apretó el acelerador creyendo tener suficiente fuerza como para vencer a un Estado español arropado por la Comisión Europea. La decepción de los independentistas catalanes con Europa es muy grande, confiaban que no permitiría la violencia y que algunos países europeos reconocerían a la República Catalana (especialmente los escandinavos y bálticos). La UE prefirió mirar a otro lado a partir de dos principios: Los Estados no tienen amigos, tienen intereses y que el “caso catalán” puede ser contagioso para otras naciones sin Estado que también pueden aspirar a su independencia.


Presos políticos y elecciones el 21 de diciembre


España tiene, sin duda, graves déficits democráticos y la separación de poderes está cada vez más en entredicho, especialmente en el aparato judicial dónde la derecha política cada vez se parece más a una derecha extrema. Ese frente judicial, jaleado por el gobierno, ha llevado a los líderes del movimiento civil independentista a la prisión acusados de rebelión y actos violentos, pese a su ausencia total en las manifestaciones…  también a medio gobierno y pedido la extradición de la otra mitad que está en Bruselas y todo en 48 horas con acusaciones de dudosa legalidad… mientras los corruptos están años y años a espera de juicio.


El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que en el conflicto entre Catalunya y España “debía imponerse la fuerza de la razón”, la realidad es que tan solo se ha impuesto la fuerza sin razón del Estado y la judicialización de un conflicto -de clara raíz política- como parte de la estrategia de represión. A ello hay que sumarle la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir las instituciones catalanas, imponer un gobierno minoritario y antidemocrático en Catalunya, suspender su gobierno y disolver el Parlamento.

Frente al aumento de la represión un amplio movimiento de solidaridad ha exigido la libertad de los presos políticos, el fin de las causas judiciales contra más de 700 alcaldes, la Mesa del Parlamento y diputados por ejercer la libertad de expresión y debate.


Disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones desde Madrid eran la jugada maestra de Rajoy, pero se puede revelar como el error mayúsculo y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España. Rajoy no esperaba que las fuerzas independentistas –JuntsxCatalunya (centroderecha), la favorita para ganar ERC (socialdemócrata) y CUP (anticapitalista)- se presentaran a las elecciones del 21 de diciembre y en las que parten como favoritas para revalidar su mayoría parlamentaria.


Clave será el papel de la izquierda alternativa, agrupada en torno a Catalunya en Comú y el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pese a su distanciamiento de los independentistas, su apuesta es por un Estado confederal que reconozca Catalunya como una nación soberana que pueda decidir mediante un referéndum acordado sobre la independencia, lo aleja del bloque constitucionalista. Es decir, posiblemente la única alternativa real a un nuevo Gobierno independentista, sea uno de las fuerzas soberanistas de izquierdas.

El referéndum seguirá estando sobre la mesa sí o sí, a la vez que impugnará el modelo económico liberal. Hemos sido testigos de las dificultades, errores y vacilaciones del proceso soberanista catalán, pero sobretodo lo estamos siendo de la incapacidad del gobierno Rajoy de saber dar una solución democrática y de su amenaza en convertir el régimen del 78 en el régimen autoritario del 155.


La llamada “cuestión catalana” ha dejado de ser una cuestión interna “española” para ser una cuestión europea.  Las libertades y derechos están en el centro del debate para todos los demócratas, especialmente para aquellos y aquellas que defendemos el derecho a decidir de las naciones.


En pleno siglo XXI Europa tiene que afrontar la posibilidad de que sus fronteras interiores, si todos somos ciudadanos europeos, puedan cambiarse si así lo deciden libre y democráticamente una mayoría de ciudadanos. Europa no puede renunciar a la democracia real como forma resolver los conflictos.

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