La Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña, aprobada en el Parlamento catalán ha venido precedida de un amplio debate en la izquierda, con tres opciones posibles: el Sí, el No y la abstención. Votar SÍ implicaba también votar con CiU. El autor analiza este debate a partir de una premisa: es CiU la que cambiado su posición arrastrada por el 11 de septiembre, no la izquierda que siempre ha defendido este derecho democrático.
Todas las encuestas siguen señalando que más del 70% de los catalanes quieren la consulta y poder ejercer el derecho a decidir. Para el autor esta Declaración implica un paso democrático que cuestiona el régimen de la monarquía, el bipartidismo del Reino de España que niega la libertad a los pueblos, y se ha hecho sin esconder la confrontación social con el modelo de CiU, ahora apoyado por ERC... es crítico con quienes han querido oponer la lucha contra los recortes a uno de los principios democráticos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que la izquierda siempre a vinculado a la lucha de la emancipación social.
En España Rajoy ha dicho primero que lo aprobado es igual a nada y luego que pedirá un informe sobre las consecuencias de la Declaración. UPyD pide directamente echar leña al fuego: suspender la autonomía y juzgar a los “sediciosos”. Rubalcaba ya le dejó claro al PSC que de “derecho a decidir” nada de nada y Cayo Lara defiende el derecho a decidir de Cataluña para en la frase siguiente negarlo de facto en nombre de la Constitución y la soberanía de todos los “españoles”.
En Cataluña, de momento, el gran beneficiado es ERC que sube en las encuestas y marca el camino a CiU en la ruta nacional. Su talón de Aquiles serán los presupuestos que empiezan a debatirse en pocas semanas. Aquí Mas se cobrará su parte, pero ambos, Mas y Junqueras, se encontraran frente a la movilización social que no ha parado de crecer y coordinarse en los últimos meses.
No tenemos una partida de ajedrez. Tenemos unas simultáneas en la que todos “los jugadores” compiten entre sí. De momento estamos en los movimientos de apertura: Gambito de democracia contra enroque constitucional.
Las crónicas sobre la Declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña el miércoles 23 de enero por 85 votos a favor (CiU, ERC, ICV-EUiA, 1 de la CUP) 41 en contra (PSC, PP y C’s) y 2 abstenciones (CUP) nos dicen que Cataluña ha proclamado su soberanía. También nos dicen que es la sexta vez que el Parlamento catalán aprueba el derecho de Cataluña a la autodeterminación. ¿Qué ha cambiado entre esta declaración y las anteriores?
La Declaración aprobada, como las anteriores, es una Propuesta de Resolución, no una Propuesta de Ley. Es decir, expresa una voluntad de acción política, pero no es una iniciativa legislativa con efectos jurídicos. Dicho esto, la diferencia entre las anteriores y la actual Declaración está en que ha cambiado radicalmente el escenario social, político y económico en el Reino de España.
Estamos en una época de turbulencias y en ese escenario, que incluye una desafección creciente de los partidos troncales del régimen, PP y PSOE. En Cataluña ha emergido la voluntad de ejercer efectivamente ese derecho y esa voluntad política es la que contiene los elementos de ruptura con el régimen de la restauración borbónica, más conocido como la Transición. Elementos de ruptura que se añaden a la crisis sistémica la de una organización territorial de las autonomías agotada y un descrédito en las instituciones que gobiernan descaradamente contra los intereses de la mayoría del pueblo y que ha generado la irrupción de movimientos sociales de desobediencia civil como el 15M o las Plataformas contra los desahucios, las mareas…
Y ese escenario en Cataluña tiene una fecha y nombre propio: La histórica manifestación del 11 de septiembre de 2011 que supuso un cambio cualitativo para toda la sociedad, los partidos, las instituciones… El pueblo movilizado reclamando el derecho democrático a ser escuchado en una consulta sobre la relación entre Cataluña y España. Y la historia -en mayúsculas- la escriben los pueblos.
El catalanismo político
Pero esos elementos de ruptura también tienen su traslación en Cataluña. El catalanismo –tal vez difícil de entender fuera de Cataluña- engloba todos los partidos que consideran a Cataluña una nación. Y esa nación, por definición, tiene una personalidad política y jurídica, comporta una “soberanía innata” aunque fuera “cedida” a España por el pacto constitucional tras el franquismo.
En ese espacio convivían el PSC, CiU, ERC, ICV, EUiA y el independentismo hasta hace pocas fechas minoritario socialmente. Cada uno le daba al catalanismo una formulación política desde el autonomismo, el federalismo, el confederalismo o la separación del Reino de España. En este espacio conviven los sindicatos CC.OO, UGT, CGT, USO… todos ellos partidarios del derecho a decidir y la consulta, todos ellos contrarios a los recortes sociales de Mas como muestra el reciente Manifiesto de la Plataforma Prou Retallades! (¡Basta de recortes!)
Este catalanismo se sustenta sobre una base social muy amplia, transversal, interclasista, popular, obrera… también ha “sufrido” los cambios que la crisis está produciendo en todas las capas de la sociedad y sus organizaciones. Tras el fracaso de la reforma del Estatut laminado en el Tribunal Constitucional (pese a ser refrendado en referéndum) la injusta financiación, la incapacidad del Reino de España de reconocerse como un Estado plurinacional y plurilingüístico, la recentralización de competencias…
Esa base social -que conforma la mayoría social en Cataluña- ha dejado de creer que sea posible un encaje “aceptable” entre Cataluña y España y ha pasado a tener su centralidad en el derecho a decidir y ese derecho incluye decidir si Cataluña quiere o no seguir formando parte del Reino de España, federarse previo reconocimiento de su soberanía, seguir siendo una autonomía… En fin, a reformular esa relación a partir de una consulta popular y no del pacto entre partidos e instituciones.
Si ese “pacto” está en cuestión, como parece desprenderse de todas las encuestas que muestran un apoyo muy mayoritario a una consulta (de hecho el resultado de las elecciones y la votación en el Parlament así lo muestran), la mejor manera de resolver esa “contradicción” es escuchar de la ciudadanía. En otras palabras se trata de democracia. Esta es la traducción política de la inmensa movilización popular del último 11 de septiembre.
La situación es pues dinámica, extraordinariamente dinámica, y lo que parecía inamovible durante decenios, ha cambiado en pocos meses. También los partidos, todos, se encuentran en una fase de intenso debate fruto de las contradicciones que el convulso doble eje nacional y social está produciendo: derecho a decidir (más democracia) y austericidio (ataque neoliberal a los derechos sociales y laborales en un país con 900.000 parados)
Todo cambia, nada es igual
En ese escenario de turbulencias y elementos de ruptura, hay que situar el 11 de septiembre. Lo que ha cambiado es la realidad y ese cambio afecta a las legitimidades y a las “legalidades” y forma parte del contexto de crisis económica, social y política del Reino de España (rescate de la banca, los escándalos financieros, de las preferentes, de corrupción en los grandes partidos, el descrédito de la monarquía borbónica, miles de desahucios, seis millones de parados…). A esa crisis en Cataluña se añade una crisis nacional, el marco de relación con España se ha agotado para esa mayoría social.
La respuesta de CiU ha pasado del autonomismo y de negociar un Pacto fiscal con el PP al soberanismo en pocos meses. A esta situación de enorme complejidad se añadió un proceso electoral donde esta formación política intentó un plebiscito en el que triunfara el "todos con el presidente", y en el que el gobierno de Artur Mas lograra una mayoría absoluta que permitiera a la burguesía catalana liderar el proceso como un “acto de fe” llamado "transición nacional" desde su despacho de la Plaza Sant Jaume.
El desgaste social por los recortes, la última huelga general, la desconfianza en el “hiperliderazgo”, sumaron para certificar el fracaso de CiU que quedó patente con la pérdida de 12 diputados, mientras que la mayoría alrededor de la consulta giró a la izquierda con el aumento de ERC e ICV-EUiA y la entrada de la CUP.
Tras el debate de investidura de Mas, la ecuación central de esta legislatura es: Derecho a Decidir/Recortes Sociales. Simplificando la posición de cada formación fue esta:
Derecho a Decidir SI + Recortes SI à CiU i ERC
Derecho a Decidir SI + Recortes NO àICV-EUiA y CUP
Derecho a Decidir Abs + Recortes NO à PSC
Derecho a Decidir NO + Recortes SI à PP
Derecho a Decidir NO + Recortes NO àCiutadans
La formación del nuevo gobierno, el de los mismos, el gobierno de los recortadores, ha sido posible gracias a un acuerdo -el Pacto por la Libertad- con ERC que ha impuesto un ritmo al proceso incómodo o abiertamente contrario a los intereses de la gran burguesía catalana, la que el corrupto Millet del Palau de la Música calificó de las 400 familias que estaban siempre en los mismos consejos de administración. La gran patronal ya se ha pronunciado abiertamente contra el Derecho a Decidir.
Duran i Lleida, desacreditado por el acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio por corrupción en la conselleria de Trabajo cuando la dirigía su partido, se ha manifestado reiteradamente contrario a cómo Mas ha pilotado el acuerdo con ERC -que exigía además una modificación de las políticas impositivas hasta ahora rechazadas por Mas-. Ello ha llevado a la enésima crisis entre ambos socios, esta vez la más grave. Todo está en movimiento y en crisis. También CiU.
CiU y ERC pactan al margen del Parlament
ERC y CiU pactaron que el centro de gravedad girara alrededor del Gobierno (CiU) y del Consejo de Transición Nacional (ERC), no sobre el Parlament, ni de las entidades, sindicatos, organizaciones que apoyan al Derecho a Decidir. Al mismo tiempo su declaración inicial gravitaba sobre su objetivo final (el Estado propio) y no sobre el derecho de la ciudadanía catalana a decidir su futuro como pueblo.
Fue un gran error digno de principiantes y que para sorpresa de muchos se encontró con un rechazo social mayoritario por la forma en que se realizó: Fue un acuerdo hecho fuera del Parlament y al margen de las entidades sociales, de los sindicatos, de las asociaciones que conforman el país… de aquellas que salieron a la calle el 11 de setiembre tan masivamente. Ambos aspectos fueron rechazados por PSC, ICV-EUiA y la CUP que presentaron sus propias Propuestas de Resolución que dieron lugar a una semana intensa de negociaciones “a cinco”.
La palabra clave para el acuerdo fue si Cataluña tiene “soberanía”.
La legitimidad y la legalidad.
Para unos la legitimidad no puede ser (“sólo”) subsidiaria de la legalidad y en todo caso es previa. Para el PSC no hay legitimidad sin legalidad y por tanto, rechazaba el concepto “soberanía como sujeto político y jurídico”. A su vez proponía una reforma federal de la Constitución que sólo se aguanta en el papel, pues es imposible de llevar a la práctica. La CUP quería incluir en esa soberanía el concepto de territorial de los “Països Catalans” y el rechazo a la Unión Europea. Finalmente, CiU, ERC e ICV-EUiA consensuaron la Declaración que finalmente se votó. PSC i CUP mantuvieron las suyas.
PP y Ciudadanos intentaron por todos los medios que el Debate no se produjese, primero impugnando el acuerdo de la Mesa del Parlamento sobre el orden del día y luego apelando al gobierno Rajoy para que el Tribunal Constitucional impidiera el debate que calificaron de “ilegal”.
Debates transversales en toda la izquierda
Des de las diferentes formaciones de izquierdas la contradicción principal era como cómo desarrollar propuestas que no hicieran aparecer la Declaración detrás del pacto CiU-ERC que incluye unos presupuestos con más de 4.000 millones de euros de recortes sociales. Es decir, cómo aparecer con personalidad propia.
El debate ha sido, es y seguirá siendo intenso. Ya no se trata de hablarlo como un principio en abstracto, sino en concreto (la declaración de CiU-ERC ha sido presentada) y teniendo en cuenta la correlación de fuerzas. En forma de preguntas este sería una parte de debate:
a) ¿Apoyar el proceso del derecho a decidir... aunque haya recortes? ¿Aunque implique votar con CiU?
b) ¿Las políticas de austericidio de Mas, de Rajoy dejarán de aplicarse porque haya o no haya consulta?
c) ¿El derecho democrático a decidir es incondicional si la mayoría del pueblo quiere ejercerlo? ¿Ejercerlo agravará la situación de las clases populares?
d) ¿Sobre qué alianzas ha de construirse el proceso del derecho a la autodeterminación? ¿Qué plantear sobre la Unión Europea, la Europa de los mercaderes puede ser nuestro referente?
e) ¿A las clases trabajadoras, qué les interesa más, seguir bajo el régimen de la monarquía borbónica o de una República Catalana?
f) ¿Cómo defendemos el derecho a decidir (un proceso interclasista impulsado –ahora mismo- por “una parte de la burguesía catalana, con una parte de la pequeña burguesía y una parte de las clases populares”) y a la vez luchamos contra el gobierno CiU y sus políticas de recortes sociales que golpearán a esas mismas clases en sentido inverso a su peso en la sociedad catalana?
g) ¿Podemos cambiar el liderazgo de ese proceso? ¿Con que propuestas, con qué estrategia?
h) ¿Podremos ganar la hegemonía social a la “ideología nacionalista burguesa” absteniéndonos o negando un derecho democrático reclamado por la mayoría de la sociedad?
i) ¿El derecho a decidir de Cataluña o Euskadi en qué perjudicaría a la clases trabajadoras del Reino de España?
j) ¿La opción federal puede existir sin reconocer el derecho a la autodeterminación? ¿El Estado Español está en condiciones de ofrecer a las naciones que lo componen una acuerdo para que puedan convivir en pie de igualdad, en fraternidad, libremente... aquí y ahora?
k) ¿Ejercer el derecho a la autodeterminación fortalece o debilita al régimen monárquico, a la burguesía española y catalana? ¿Fortalece o debilita la lucha por la República?
El Partido Socialista de Cataluña
Des del minuto uno el PSC optó por negar la política y refugiarse en una visión según la cual el motor de la historia no son las clases sociales sino las leyes, la "legalidad vigente".
El derecho a decidir sólo es legal a partir de un acuerdo entre Cataluña y España que implica reformar la Constitución. Para la actual dirección del PSC, que en campaña dijo estar a favor del derecho a decidir de los catalanes y que su opción era un encaje federal, la Declaración del Parlament al tratar “al pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano”, implica unilateralidad y desobediencia al marco constitucional.
Pero entonces ¿qué proponen decidir, cuando en realidad no se tiene la capacidad para decidir, o en todo caso implica que para decidir es necesario un acuerdo con el Estado que es imposible que se dé?
Traducido al lenguaje de los mortales: supone negar en la práctica que la ciudadanía catalana sea consultada (no ya por la independencia, sino incluso para defender una opción federalista) pues PP Y PSOE han rechazado, con diferentes grados de hostilidad, que Cataluña pueda ejercer ese derecho democrático.
El PSC se ha quedado en tierra de nadie, pues su propuesta federal necesita al PP para que algún día pueda prosperar. Se ha hecho a la vez “rehén” de Rubalcaba… y de Rajoy. A partir de ahora no se entenderá su apoyo a movimientos sociales como las Plataformas contra los desahucios, pues estos movimientos si algo practican es la desobediencia civil contra leyes que por muy legales que sean son injustas y lesivas para la mayoría.
Lo más lamentable, como ha pasado con otras formaciones de izquierdas, es que se han refugiado en la justa crítica a la política neoliberal de CiU, a los recortes sociales, a la situación dramática del paro… para negar un principio democrático incuestionable para un partido que se reclama de la izquierda… como si negar ese principio democrático pudiese parar los recortes.
Desde la visión del catalanismo, de los derechos nacionales de Cataluña, el PSC se ha situado en los márgenes y fuera de la centralidad. De facto el PSC como partido catalán está transmutando en la federación catalana del PSOE y se ha situado al lado del frente españolista del PP y Ciudadanos.
El cambio de posición del PSC, que pasó de proclamar en menos de un mes, que se abstendría en todas las votaciones sobre el derecho a decidir a votar no, ha sido traumático para buena parte de su militancia.
En el hemiciclo eran patentes los nervios y las reuniones improvisadas en pequeños corrillos. El twitter sacaba humo con frases de dirigentes y militantes que renegaban de la posición de la dirección. El hasta hace tres meses presidente del grupo parlamentario, Joaquim Nadal, dimitía de la dirección.
Finalmente cinco diputados socialistas (una cuarta parte del grupo parlamentario) partidarios de derecho a decidir, no siguieron la disciplina de voto y no votaron. No representan un grupo homogéneo, ni una corriente organizada, pero suponen una vía de agua que se ha ido multiplicando en muchas asambleas locales y comarcales.
El PP y Ciudadanos
Las frases de bienvenida al frente unionista español de Camacho y Rivera al sumiso líder del PSC fueron una de las imágenes del debate. La cara de Navarro era un poema fruto del drama interno del PSC. Está claro que la dirección del PSC sí que ha ejercido su derecho a decidir en una cuestión de transcendencia histórica.
Camacho, como Rivera, utilizó básicamente el castellano en su intervención y actuó como la delegada del gobierno de Rajoy, como representante de la propiedad. Se desempeñó de forma amenazadora, arrogante. Para el PP la democracia es el acatamiento de las leyes. Y las leyes “son nuestras” (no del PSC al que ridiculizó con sorna). Son la España de siempre, la que ha mandado siempre y quiere seguir mandando. Es la España de mucha Constitución y poca democracia. El PP puede decir NO, pero no deja a nadie decir SÍ, o plantear una configuración institucional federal.
Para Rivera y su partido, Ciudadanos, al que algunos apellidan neofalangista con traje de Armani y bolsos de Loewe, todo se arregla con ridiculizar el sentimiento de la mayoría de catalanes que simplemente parecen ser un atajo de pasmarotes que se han creído un cuento y lo suficientemente tontos como para votar a un atajo de corruptos a los cuales habrá que castigar con el Tribunal Constitucional, nuevo brazo armado de la españolidad, y si es necesario llevar a la prisión a los sediciosos.
ICV-EUiA
La coalición planteó rechazó la Declaración de CiU y ERC porqué patrimonializaba en ellos un derecho, que para ICV-EUiA, es del pueblo de Cataluña, de toda la ciudadanía catalana, de los que están a favor, de los que están en contra y de los que dudan. De los que están por la independencia, de los que son federalistas, de los que se quedarían como una autonomía más.
La coalición situó su posición en las tres propuestas antes explicadas y en centrar el debate como un debate de "comunidad política" y no "de identidades enfrentadas". Lo hizo con una intervención claramente opuesta al modelo de nación de CiU, no tubo “pelos en la lengua” hablando de la corrupción que se asocia a Mas y Durán, y marcó la necesidad para la izquierda de construir la alternativa social y política al mismo tiempo que lucha por el Derecho a Decidir ante el Estado y los recortes de los gobiernos de Mas y Rajoy.
Tres fueron los objetivos por parte de ICV-EUiA: el Parlamento como garante del proceso, el derecho a decidir también debe incluir los derechos sociales de la ciudadanía catalana y este Acuerdo debe abrirse al máximo a las organizaciones sociales de la nación que deben movilizarse para alcanzarlo.
Cuanto más pivote sobre el pueblo más fácil será introducir el debate social sobre un “proceso constituyente” en la doble clave de “Nuevo Estado” y “Estado nuevo (de nuevo tipo)”. Es decir, derecho a constituirlo separado de España o como parte de una federación de naciones libres e iguales y a la vez ¿qué tipo de Estado debe ser, con que principios, valores, derechos, a quién ha de servir? Debate que a su vez puede tener como aliados a sectores de la izquierda y movimientos como el 15M que también abogan por un “procesos constituyente” en el Reino de España.
La CUP
Hay que decir que para la CUP, que se estrena como fuerza parlamentaria, el debate significaba lo que en catalán se denomina “el moll de l’ós” (lo esencial) y a su vez se ha producido a una gran velocidad para una organización basada en asambleas locales. En este debate no se trataba de marcar los principios, sino los límites para forjar un mínimo común denominador. La intervención de Quim Arrufat en el Parlament, más allá de las palabras, fue coincidente en los objetivos finales señalados por Joan Herrera de ICV-EUiA: transparencia en el proceso hacia la consulta y basado en la legitimidad del pueblo.
La CUP decidió dar un Sí crítico, crítico con CiU y ERC, crítico con la Unión Europea y con la no inclusión de los Països Catalans. Al final, lo substancial es que el factor político de hacer posible la Consulta decantó a la CUP hacía ese sí crítico.
De sus tres parlamentarios uno votó a favor de la Declaración y dos se abstuvieron. Esta decisión ha creado también un intenso debate interno entre los partidarios de votar sí y sumar 87 votos o no dar ninguna confianza a CiU y abstenerse.
El día después
Además de las heridas en el PSC, con una dirección buscando apoyos en forma de manifiestos y unos críticos que no paran de recibir apoyos, y de las heridas entre CiU, cuya federación de Barcelona ha hecho un comunicado durísimo contra Unió y Duran i Lleida, y del debate interno de la CUP, de ICV y de EUiA (y los partidos que la componen), de la velocidad que ERC quiere imprimir para huir de los recortes que prepara el gobierno de CiU al cual apoya, del “muro constitucional” que levanta el gobierno Rajoy, PP, Ciudadanos… la realidad cotidiana de la gente está lejos de cualquier enfrentamiento y crispación. En la calle se debate, se argumenta y se aboga por un pacto que permita ejercer una consulta.
La Declaración de Soberanía, si contamos los votos a favor más aquellos que se han mostrado favorables al proceso democrático, cuenta con 92 votos, una mayoría más que cualificada mal le pese a la vicepresidenta del gobierno del Reino de España.
La izquierda tiene una enorme responsabilidad frente al “independentismo mágico que todo lo arregla” de parte de CiU y ERC. Especialmente ICV-EUiA, se ha ganado un espacio propio que la legitima para “hablar en nombre de la nación” y seguir tendiendo puentes en la línea histórica de “Cataluña un sol poble” (un solo pueblo), también hacia los socialistas para re-incorporarlos a la centralidad del catalanismo político, hacia los federalistas que son partidarios de una unión de pueblos libres e incluso hacia los independentistas que no sólo quieren proclamar un Estado, sino que quieren debatir qué tipo de Estado.
Ahora es importante saber y proponer qué etapas debe tener el proceso para ganar la legitimidad democrática ante el Estado, Europa y, sobretodo, la ciudadanía. Hablar de los valores republicanos para explicar por qué una República Catalana, libre y social, hermanada con los otros pueblos de habla catalana y federada con los otros pueblos ibéricos, es mucho mejor para la inmensa mayoría del pueblo, si así lo decide.
(Todas las propuestas de resolución, la Declaración de Soberanía y las intervenciones en el debate pueden encontrarse en catalán y castellano en www.parlament.cat).
David Companyon i Costa es miembro del Consell Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa y diputado por la coalición ICV-EUiA en el Parlamento catalán
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